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En su artículo para Poder360, Fábio Medina Osório – titular de Medina Osório Advogados – aborda la urgencia de consolidar el pacto entre tecnología, educación y transparencia, y cómo el Estado no puede ocultarse tras sus propios datos. Léalo a continuación:
El análisis de la consolidación de la teoría de los precedentes en Brasil, a la luz de las innovaciones introducidas por el Código de Proceso Civil (CPC) de 2015, marca un momento decisivo en la búsqueda de previsibilidad y racionalidad dentro del sistema judicial.
A partir de ese hito, las decisiones judiciales pasaron a tener fuerza vinculante, convirtiéndose en referencias fundamentales tanto para la administración pública como para los tribunales. Esto no solo implica una deferencia institucional, sino que también exige una estructura organizativa sólida, basada en la memoria y la transparencia.
El desafío va más allá del ámbito jurídico y abarca aspectos estructurales. La efectividad del sistema de precedentes requiere que el Estado, en sus distintas esferas y órganos, establezca bases de datos jurídicas capaces de almacenar, clasificar, interpretar y relacionar una amplia gama de decisiones, acuerdos y manifestaciones normativas.
Esta necesidad no se limita al Poder Judicial, sino que también involucra a las agencias reguladoras, tribunales de cuentas, ministerios públicos y órganos administrativos responsables de decisiones con relevancia jurídica.
Es crucial reconocer, sin embargo, que la esfera administrativa representa el eslabón más frágil de la cadena institucional brasileña. A pesar de importantes iniciativas en el Poder Judicial, la mayoría de las instituciones públicas aún carece de bases de datos estructuradas, auditables y organizadas semánticamente. Como resultado, las decisiones administrativas, los procesos disciplinarios, los acuerdos judiciales y extrajudiciales, así como los contratos y todo el universo de la jurisprudencia disciplinaria y sancionatoria, permanecen dispersos y fragmentados, dificultando el acceso a la memoria institucional, que debería orientar la actuación del Estado.
En este contexto, la actuación de los algoritmos es fundamental. Actualmente, la organización de los precedentes depende de sistemas que utilizan parámetros jurídicos, semánticos y estadísticos. Implementar algoritmos para categorizarlos exige una base normativa sólida, curaduría técnica y una estructura de datos auditables.
Sin estos requisitos, existe el riesgo de que la repetición prevalezca sobre la coherencia, y que la automatización amenace la propia esencia del juicio.
El universo estadístico debe ser comprendido en el contexto del impacto de la inteligencia artificial. La estadística puede clasificarse por distintos parámetros: estadísticas inferenciales, predictivas, diagnósticas, multivariadas, frecuentistas, bayesianas, no paramétricas, jurimétricas, forenses, sociales, políticas, educativas, descriptivas, explicativas, de alta dimensionalidad y con múltiples variaciones según la disciplina —como en el caso de la bioestadística, la psicometría, la estadística computacional, entre otras.
Es decir, las bases de datos jurídicas también sirven para investigaciones estadísticas integradas con la inteligencia artificial, lo que permite desarrollar aplicaciones en múltiples áreas y políticas públicas. Se sabe que las decisiones normativas impactan la economía y las políticas públicas en diversas esferas de la sociedad. La interpretación del derecho, en este sentido, es necesariamente transdisciplinaria y no puede reducirse al análisis económico del derecho.
Organizar precedentes, por lo tanto, es garantizar el derecho a la comprensión (el derecho a comprender las decisiones públicas deriva de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 37 caput, 51 inciso 14, 5º inciso 60 y 1º inciso 3 de la Constitución).
Cada individuo, sea persona física o jurídica, tiene derecho a entender los criterios que fundamentan las decisiones públicas que le afectan. Este derecho fundamental a la comprensión está intrínsecamente vinculado a la transparencia, la trazabilidad y la legitimidad institucional, y solo se concreta cuando las decisiones son inteligibles, auditables y compatibles con la jurisprudencia consolidada.
Sin bases de datos jurídicas bien estructuradas no hay precedentes reales, sino solo una acumulación desordenada de decisiones. Y donde hay acumulación, surgen ruidos, desigualdades y arbitrariedades que comprometen la justicia y la eficacia del sistema.
Una base de datos jurídica estructurada se revela como una plataforma digital capaz de almacenar, clasificar y correlacionar decisiones administrativas y judiciales, normas, acuerdos y documentos regulatorios.
Esta organización debe seguir criterios jurídicos definidos, con clasificaciones rigurosas que aseguren la trazabilidad y el control de versiones. Más que conservar, la base de datos debe garantizar coherencia institucional, permitir consultas inteligentes, interpretaciones consistentes y decisiones alineadas con el historial jurídico de las instituciones y el sistema de precedentes.
En ese sentido, las bases de datos jurídicas constituyen verdaderos ecosistemas vivos, alimentados por la indexación normativa y decisoria continua, con lógicas algorítmicas, metadatos, jerarquías discursivas y patrones preestablecidos.
La estadística contemporánea, en sus múltiples vertientes, cumple funciones críticas con eficacia causal, algorítmica y un profundo impacto en la lectura institucional de las normas y decisiones mapeadas e indexadas.
No se puede ignorar que la función estadística, integrada en las bases de datos, permite comprender cómo determinadas decisiones se consolidan como patrones normativos, así como sus consecuencias e impactos en la sociedad, además de los desvíos, disfunciones, corrientes hermenéuticas subyacentes y otras patologías subjetivas u objetivas inherentes al fenómeno decisorio o incluso algorítmico.
La inteligencia artificial, a su vez, actúa integrada con la estadística contemporánea para permitir lecturas avanzadas y rápidas a partir de grandes volúmenes de datos. La IA también cumple funciones variadas y, aunque parte de la estadística, sus funcionalidades son distintas y se integran a este universo solo cuando tienen premisas auditables y trazables racionalmente.
La tecnología, en este punto, tendrá impactos profundos en los modelos de clasificación basados en el lenguaje de los precedentes, similitudes argumentativas, fundamentos jurídicos predominantes, reconocimiento de patrones argumentativos y normativos en las decisiones, detección de contradicciones frecuentes, incoherencias, coherencias necesarias, modelos predictivos y una gran cantidad de patrones destinados a garantizar previsibilidad, seguridad jurídica y eficiencia en el sistema normativo.
En la era de la transparencia y la complejidad, el derecho a comprender las decisiones públicas aparece como un derecho fundamental derivado del principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, un derecho inherente al debido proceso legal sustantivo (artículo 5º, inciso 54, de la Constitución).
Publicar decisiones en diarios oficiales no es suficiente, ya que estos instrumentos no permiten el acceso sustancial a la transparencia del conjunto de decisiones que conforman la norma basada en precedentes. Por otro lado, las bases de datos del Poder Judicial tampoco bastan, ya que no aseguran la interconexión con los demás poderes ni la efectiva eficacia de los precedentes frente a todo el Estado brasileño.
Además, la propia formación de precedentes exige el fortalecimiento cultural de los actores públicos y privados en el arte de decidir, lo que implica transformaciones más profundas en la enseñanza jurídica brasileña y en la investigación sobre el proceso de producción jurisprudencial.
Por ello, es urgente que las instituciones de enseñanza jurídica, los programas de formación de la magistratura, el Ministerio Público, la Defensoría, la abogacía y el sistema educativo en general, así como el propio Ministerio de Educación, integren la teoría de los precedentes como un eje central del currículo, incluso como disciplina autónoma y no como apéndice del Derecho Procesal Civil.
Brasil debe abandonar la interpretación fragmentada y cultivar una cultura jurídica basada en la memoria institucional, la coherencia argumentativa y la responsabilidad colectiva. Para ello, la inteligencia artificial debe incorporarse a los planes de estudio jurídicos, no como una simple novedad tecnológica, sino como una herramienta que contribuya a una organización racional del derecho, basada en principios éticos, epistemológicos y normativos; una inteligencia auxiliar de la inteligencia humana y auditada.
La teoría de los precedentes no debe solo aplicarse, sino también enseñarse, debatirse y sistematizarse. Para consolidarla, no bastan mejoras materiales: se necesita una transformación cultural. Las bases de datos jurídicas estructuradas deben ir más allá de herramientas estatales y convertirse en plataformas de enseñanza, investigación y reconstrucción crítica de la práctica decisoria. Al reconocer el derecho a la información comprensible, el país puede desarrollar una política pública de transparencia sólida, ética e inclusiva.
Esta construcción requiere más que la adopción de nuevas tecnologías: exige curaduría, formación y una genuina disposición para escuchar y reflexionar. Sin esta conciencia, los precedentes se vacían, las decisiones se aíslan y el acceso a la justicia se convierte en un laberinto normativo opaco.
Consolidar el pacto entre tecnología, educación y transparencia es urgente. El Estado no puede ocultarse en sus propios datos; debe organizarlos, explicarlos y compartirlos. Esa es la esencia de la legitimidad institucional en el siglo XXI.
En ese sentido, es fundamental reconocer que el acceso a la justicia comienza con el acceso a la lógica de las decisiones —comprensible solo cuando está organizada en bases públicas, coherentes y accesibles, y cuando se enseña desde la formación inicial. Promover la cultura de los precedentes, así, se convierte en una política pública orientada a la integridad institucional. Sin esa base, los derechos siguen siendo inalcanzables y la justicia, incomprensible.
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